Martes por la mañana, Palacio Nacional. Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, se planta frente a la pantalla a desactivar una bomba que lleva una semana haciendo tic-tac. Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias —el documento que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a consulta el 24 de julio— no censuran una chingada, dice. En ningún lado se establece que el Estado determine qué es verdad y qué no. Eso les toca a los propios medios, que para eso van a escribir su código de ética. Y de paso acusa que la semana pasada se desató “una campaña de desinformación” en su contra.
En el sentido más literal, tiene razón. No hay un artículo donde un burócrata se siente con un plumón rojo a tachar noticias. Ese mismo martes Sheinbaum aceptó que hace falta aclarar los lineamientos y mandó a Alcalde a sentarse con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que ya andaba echando lumbre.
El problema es que la frase “que cada medio defina su verdad” viene con la decisión más importante ya tomada, antes de que arranque la oración. Alguien decidió qué es un medio. Alguien decidió quién está obligado a nombrar defensor de audiencias y quién se salva. Y ese alguien no fue el gremio, ni la audiencia, ni el Congreso: fue el abogado de la Presidenta.
Basta con leer el mecanismo despacio y ver a quién le toca qué.
¿Cómo funciona la máquina?
Son tres obligaciones, y la Presidenta las repite como quien recita la tabla del dos: publicar un código de ética, nombrar defensor de audiencias, montar un mecanismo de quejas. Cumples esas tres y jamás te pueden multar por contenido. Palabra de honor.
